Contra los delitos menos escandalosos

Por Rubén Flores

En México, las políticas hacia las drogas y la legislación que regula los delitos vinculados con drogas son congruentes con el paradigma prohibicionista y punitivo que ha predominado a nivel mundial desde el siglo pasado. Sin embargo, los resultados de dicho paradigma no han sido los esperados.

 

Sin lugar a duda los costos más visibles en nuestro país  son los niveles de violencia que se viven a causa del narcotráfico en particular y el crimen organizado en general. Pero existen otros costos, posiblemente menos “escandalosos” pero igual de altos, como son la cantidad y el perfil de gente encarcelada como resultado de la legislación de drogas y las violaciones a los derechos humanos que ésta misma ha permitido. Progresivamente en México se ha venido considerando el tema de drogas como uno no sólo de seguridad pública, sino de seguridad nacional, lo que ha incrementado las penas, modificado procedimientos para otorgar mayores facultades discrecionales a los policías y ministerios públicos, y permitido la regresión en el reconocimiento de derechos fundamentales al debido proceso.

 

El aumento de la población carcelaria en el mundo, particularmente en lugares como Estados Unidos, China, Rusia y países de América Latina, tienen una relación con el aumento y endurecimiento de penas relacionadas con el consumo, cultivo, siembra, producción, trasporte, suministro y comercialización de las drogas.

 

 

El tema de la legislación de drogas tiene un vínculo estrecho con la situación carcelaria y con el respeto, protección y garantías de los derechos humanos de quienes se encuentran encarcelados. Los derechos humanos son entendidos como el conjunto de derechos y libertades reconocidas a todos los seres humanos simplemente por su condición humana, y que establece tanto los limites como las obligaciones de los Estados para asegurar “la dignidad de la persona humana”.

 

Todo esto me da las bases suficientes para estar en total desacuerdo con el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual estableció que no es desproporcionada constitucionalmente la sanción de 10 a 25 años de prisión a quien transporte cualquier cantidad de droga. Argumentado que dicha pena está contenida en el Artículo 194, párrafo primero, fracción I, del Código Penal Federal.

 

Los argumentos están puestos sobre la mesa, si seguimos con una política prohibicionista, donde nuestra única solución sea mandar a la cárcel a las personas que portan drogas, sea la cantidad que sea, nuestro sistema carcelario –ya deficiente y colapsado– será una bomba de tiempo.

 

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