Iniciativa al Senado, con un toque pacheco

Por Diana Nuño

En días pasados, se presentó el presidente Enrique Peña Nieto frente a la Asamblea General en la ONU, durante la sesión especial sobre drogas, en la cual aseveró que el método prohibicionista en la materia no ha disminuido la producción, consumo ni tráfico de drogas. Planteó que se debe cambiar el rumbo en las políticas sobre drogas, pero desde una perspectiva de Derechos Humanos; todo esto sirvió como preámbulo para la presentación de la iniciativa que mandó al Senado sobre el consumo de drogas.

 

 

La iniciativa propone autorizar el uso medicinal de la marihuana y dejar de criminalizar el consumo para elevar de 5 a 28 gr. la cantidad permitida que pueden portar los ciudadanos, para esto se contemplan cambios en la Ley General de Salud y al Código Penal Federal, que significaría autorizar el uso de medicamentos  a base de marihuana y/o sus ingredientes activos.

 

En definitiva, la propuesta del Ejecutivo se da en un momento incómodo para las autoridades federales, cuando, después de la conclusión del trabajo del GIEI en el caso Iguala, se revela una debilidad institucional, falta de transparencia y una baja credibilidad y confianza de los mexicanos hacia las instituciones de seguridad del país.

 

La postura es repetitiva; un llamado a trabajar en cooperación internacional y cambiar las políticas sobre drogas, pero la iniciativa no presenta una estrategia clara.

 

 

Al parecer, para el Ejecutivo, el tema se resume en permitir el consumo, cuando no se menciona una estrategia clara que contemple todas las aristas del problema de las drogas.

La solución, o mínimo los inicios para sofocar el narcotráfico, no se encuentra en la militarización, ni en terminar con una política prohibicionista hacia la marihuana; se requieren grandes esfuerzos en materia educativa para fomentar la prevención y por supuesto, un esfuerzo social y económico para incentivar el desarrollo social y evitar que gran parte de la población sea un sector vulnerable y de fácil captación de personas que se suman a los grupos delictivos.

 

Es un grave error creer que la violencia podría disminuir con una política más permisiva sobre el consumo de este estupefaciente. Los grupos criminales no sólo viven de la venta de las drogas, eso es sólo uno de sus ingresos, además de la diversificación de estos grupos en diversas actividades del crimen organizado, como: la trata y/o tráfico de personas, secuestro, tráfico de armas, piratería, extorsión, etc.


El verdadero business se encuentra en colocar todo su dinero ilegal en el mercado legal, lo cual se conoce como lavado de dinero. Si se quiere atacar al narcotráfico se debe atacar su estructura económica que permite el financiamiento de sus actividades ilícitas; en este sentido y en un país ideal, sería fácil si existiera la voluntad política, pero tristemente, gran cantidad de políticos y empresarios se encuentran involucrados con la delincuencia organizada. El gobierno mexicano muestra mapas en los cuales tiene localizados dónde operan las principales organizaciones delictivas del país, pero hace falta un mapa «mafio-político empresarial». Hasta que no se combata la corrupción de una manera eficaz, no se verán resultados.

 

Nuestra responsabilidad como sociedad mexicana va más allá de apoyar una política antiprohibición; se debe ver más allá de lo que se presenta, se debe analizar la información y comprender que el tema es multidimensional. Abordar el consumo de estupefacientes desde una perspectiva de salud únicamente es un error; igual lo es verlo como un tema meramente militar o de securitización. La población mexicana no se encuentra lista para ese tipo de política; México no es Uruguay ni es Países Bajos.

 

El intercambio de experiencias internacionales en el tema no implica adoptar; se trata de adaptar. México debe tener presente su situación geopolítica y geoestratégica, ya que se vive en un mundo cada vez más interdependiente, por lo cual es un tema sumamente complejo, pero es imperante limpiar la clase política y empresarial; ahí se crea el caldo de cultivo para el narcotráfico, se debe fortalecer el Estado de derecho e impulsar la prevención social.